Actualidad Jurídica – Departamento de Derecho Mercantil – Octubre 2022
El próximo 19 de octubre entrará en vigor, con carácter general, la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, que tiene por finalidades principales facilitar la creación de empresas o impulsar el crecimiento de éstas y luchar contra la morosidad en las relaciones comerciales.
Por excepción, sus referencias a las plataformas de financiación participativa entrarán en vigor a partir del 10 de noviembre, y ciertas medidas frente a la morosidad comercial dispondrán de un calendario particular.
- Medidas para facilitar la creación de empresas
La medida más destacable de la nueva Ley es la rebaja a 1 euro del capital social mínimo para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, debiendo destinarse a la reserva legal, al menos, el 20% del beneficio, hasta que esa reserva y el capital sumen 3.000 euros (antiguo capital mínimo), y debiendo los socios responder solidariamente, si en caso de liquidación el patrimonio social es insuficiente para la atención de las obligaciones sociales, de la diferencia entre la cifra del capital y 3.000 euros.
Se establece así un régimen semejante al que actualmente disciplina las sociedades de responsabilidad limitada de fundación sucesiva, que quedará derogado, al igual que la regulación de la sociedad limitada nueva empresa.
Para tratar de facilitar la constitución de sociedades limitadas, la Ley “Crea y Crece” también impone a los Notarios y demás intermediarios del proceso la obligación de informar acerca de las ventajas del empleo de los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y del sistema de tramitación íntegramente telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).
Los Puntos de Atención al Emprendedor se definen como oficinas pertenecientes a organismos públicos y privados (incluidas las notarías y los registros mercantiles) así como puntos virtuales destinados a la información y tramitación telemática de solicitudes encargados de facilitar la creación de empresas.
Con relación al CIRCE, se precisan los trámites para la constitución de sociedades mediante escritura pública con formato estandarizado, permitiéndose la constitución definitiva en un plazo de 24 horas, y se precisa que la inscripción en el BORME estará exenta de tasas. Los Notarios deben estar además disponibles en la Agenda Electrónica Notarial.
La nueva Ley también permite expresamente que las sociedades civiles sin forma mercantil se inscriban en el Registro Mercantil, aclarando así que esta inscripción constituye su medio de publicidad.
Asimismo, crea la figura de las Sociedades de Beneficio e Interés Común, que se definen como aquellas sociedades de capital que recogen voluntariamente en sus estatutos objetivos sociales y medioambientales.
- Medidas para fomentar el crecimiento de las empresas
Se amplía el catálogo de actividades exentas de contar con licencia previa de actividad y modifica la normativa en materia de unidad de mercado, destacando, entre otras medidas, la creación de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, con la misión principal de impulsar los cambios normativos precisos para suprimir obstáculos a la unidad de mercado.
- Medidas para luchar contra la morosidad
La Ley “Crea y Crece” impone la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas en las relaciones de empresarios y profesionales (estableciéndose un período transitorio para el cumplimiento por pequeñas empresas).
Para tratar de combatir la morosidad en el ámbito empresarial, se atribuyen nuevas funciones al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, se intensifica el deber de información relativa a las facturas pagadas de las sociedades que no presenten cuentas anuales abreviadas, debiendo informar sobre el periodo medio de pago a proveedores así como sobre el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo permitido por la ley. Se refuerzan los mecanismos de garantía respecto al cobro de facturas de los subcontratistas en el ámbito de los contratos del sector público y se impone como condición para acceder a subvenciones no encontrarse en situación de morosidad.
- Medidas de mejora de acceso a la financiación
También se establecen en la Ley medidas dirigidas a mejorar algunas vías de financiación que promuevan el crecimiento empresarial y a establecer un nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa.
Estas últimas plataformas, llamadas también plataformas de crowdfunding, que ponen en contacto a una pluralidad de personas (físicas o jurídicas) que ofrecen financiación con otras que la solicitan para destinarla a un proyecto, ahora podrán, siempre que estén autorizadas en España, prestar sus servicios libremente en todo el territorio de la Unión Europea.
Los proveedores de servicios de financiación participativa podrán invertir fondos en nombre del inversor y se establece un límite de inversión individual por proyecto para inversores minoristas (entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza, sin incluir inmuebles y fondos de pensiones) por encima del cual recibirán una advertencia de riesgo y tendrán que dar su expreso consentimiento, así como un límite de inversión por proyecto de 5 millones de euros, a partir del cual se exige la emisión de un folleto.
Además, las participaciones en sociedades de responsabilidad limitada se consideran valores aptos para el desarrollo de las actividades de ciertas empresas de servicios de inversión y de las plataformas de crowdfunding, pudiendo además éstas agrupar a los inversores en una sociedad de responsabilidad limitada tenedora de las participaciones, en una entidad sujeta a la supervisión de la CNMV o en otras figuras que se empleen habitualmente para estos fines en otros Estados miembros de la UE.
- Medidas de fomento de la industria del capital riesgo
La Ley “Crea y Crece” también introduce modificaciones para el impulso de la industria española de capital riesgo, reconociendo la figura de los llamados fondos de deuda, permitiendo que las entidades de capital riesgo inviertan en instrumentos de deuda, reduciendo el desembolso inicial de las sociedades de capital riesgo del 50% al 25% del capital comprometido y permitiendo la constitución de sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva bajo la forma de sociedades de responsabilidad limitada.
Por último, la Ley permite que los sujetos obligados en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pertenecientes a la misma categoría, creen sistemas comunes de información, almacenamiento y, en su caso, acceso a la información y documentación recopilada para el cumplimiento de sus obligaciones.