Artículo publicado en Expansión el 17 de noviembre de 2016, con la participación de José Ignacio Alemany Bellido, socio-director de Alemany, Escalona & De Fuentes y presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
«La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha rechazado este jueves una subida de los impuestos porque es «pan para hoy y hambre para mañana», y en su lugar aboga por una reforma económica global que incentive beneficios empresariales y salarios, y por consiguiente el empleo y el consumo, aumentando así las bases imponibles y la recaudación.
Estas son algunas de las iniciativas en materia tributaria planteadas por los asesores fiscales ante la formación de un nuevo Gobierno para conseguir un sistema tributaria «más justo, eficaz y predecible», y que han sido presentadas este jueves en una rueda de prensa por el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany.
Alemany ha rechazado que se tomen medidas tributarias para aumentar los ingresos porque los contribuyentes están ya «al límite» y sería «pan para hoy y hambre para mañana» al incentivar el fraude, por lo que en su lugar propone una reforma de ámbito económico general para aumentar los beneficios empresariales, los salarios y el empleo , y así se incremente la recaudación a través de las bases imponibles.
De esta forma, Alemany ha reclamado un «debate profundo» sobre el sistema tributario y un establecimiento de unas reglas de juego «mínimas» que den seguridad jurídica, con unos tipos de gravamen que estimulen la contratación y el crecimiento y desincentiven el fraude. «Un mayor porcentaje sobre una base pequeña no supone una recaudación relevante», ha apostillado, tras advertir de que un aumento adicional estimularía el fraude y evitaría la inversión en España, al tiempo que incentivaría la deslocalización de empresas.
De esta forma se ha referido también al ser preguntado sobre el compromiso anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no subir los impuestos «más importantes», frente a incrementos que barajaría el Ejecutivo para los impuestos especiales o el establecimiento de medioambientales.
Ve «parches» en algunas posibles medidas del Gobierno
Alemany ha insistido en que hay que ensanchar las bases imponibles pero no aumentar los tipos de gravamen, y ha advertido de que es «muy difícil» crear nuevos hechos imponibles, como para las bebidas azucaradas, porque «casi todo está sometido a imposición», a lo que se suma que se recaudaría «muy poco». «Creemos que son parches», ha añadido.
Las propuestas «técnicas» de la Aedaf abarcan todos los ámbitos de la fiscalidad española (IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA, tributación del patrimonio y de la empresa familiar) y entre ellas se encuentra la creación de juzgados y secciones de tribunales especializados en materia tributaria y la regulación de acuerdos previos vinculantes con la Administración en relación con posiciones tributarias concretas.
Asimismo, plantea la imposibilidad de la imposición de sanciones sobre hechos ya juzgados, la eliminación de la responsabilidad solidaria o subsidiaria por sanciones impuestas al deudor principal o la restricción de la medida de publicación de los listados de deudores tributarios morosos a los grandes defraudadores y, en todo caso, a aquellos contribuyentes con condena penal firme.
Sociedades
En relación con el IRPF, sugiere evitar la aprobación de tarifas del impuesto que podrían ser consideradas como consfiscatorias y modificar el límite de tributación conjunta por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.
El coordinador de la Sección de Asesores Internos de Aedaf, Daniel Gómez-Olano, ha mostrado la «preocupación» de los asesores por la «escasa» alineación del impuesto con la capacidad económica real de los ciudadanos, lo que a medio y largo plazo acaba «desincentivando el crecimiento».
Asimismo, desde la Aedaf han rechazado los pagos fraccionados por que no se alinean con los beneficios fiscales obtenidos por los contribuyentes y las empresas financian a la Administración «gratis cuando a lo mejor no tienen capacidad para financiar».
Para Alemany, la nueva ley del impuesto es «técnicamente bastante correcta» porque «ha hecho un esfuerzo para evitar la doble imposición», si bien «no es la solución» puesto que al final la recaudación se derivará de la actividad.
A juicio de Gómez-Olano, la propuesta de la directiva comunitaria debería ser el «espejo» para España respecto a este impuesto, para el que recomienda suprimir las medidas introducidas por el Gobierno al ser «difícilmente conciliables» con el principio de capacidad económica, como la no deducibilidad de los deterioros de activos o la limitación del 70% de la recompensación de las bases imponibles negativas; adaptar el actual régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros a algunos contemplados en los documentos BEPS, incluir una «cláusula de escape» de endeudamiento intra-grupo.
También pide una excepción específica para la deducibilidad de gastos financieros incurridos por empresas explotadoras de infraestructuras públicas y establecer incentivos fiscales a la creación de empleo.
Impuesto de patrimonio
En cuanto al IVA, sugiere medidas para alinear la normativa a las directivas europeas y la jurisprudencia comunitaria, para lo que ve «esencial» redefinir el régimen de los grupos del IVA, eliminar la posible sujeción a Transmisiones Patrimoniales Onerosas de inmuebles incluidas en unidades económicas autónomas transmitidas, no sujetas a IVA; redefinir los criterios para la modificación de la ase imponible en supuestos de crédito incobrables y revisar en profundidad el régimen de deducción del IVA soportado. Para evitar el posible quebrantamiento del principio de neutralidad del impuesto.
De su lado, la directora de Gabinete de Estudios de Aedaf, Helena Pujalte, ha explicado que sería conveniente la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio al suponer una «doble tributación», o en su lugar proceder a la armonización de su normativa, así como para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Los asesores fiscales también abogan por la introducción de una normativa ‘antiabuso’ específica para el régimen de tributación de las Sicav y no introducir el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, o en caso de adoptarse, introducir limitaciones al mismo para evitar posibles costes y la reducción de liquidez.
Sobre el Impuesto de transacciones financieras, la llamada tasa ‘Tobin’ que algunos países como España, Alemania y Francia estudian crear, Alemany ha advertido de que puede encarecer los servicios financieros, lo que podría tener un impacto en el encarecimiento de los bienes y servicios, y a su vez en el crecimiento, lo que conllevaría a su vez una menor recaudación de otros impuestos, como el IVA y el de Sociedades.
Los asesores fiscales también proponen una reforma integral en materia de tributación medioambiental, sobre la base de principios armonizados, y la creación de un órgano consultivo que velaría por la correcta adaptación de los correspondientes tributos al marco constitucional.
Por último, sobre una posible revisión de la ‘amnistía fiscal’, Alemany ha afirmado que es «técnicamente imposible», ya que «técnicamente la fecha del 30 de noviembre es irrelevante», a lo que se suma que la ley sería «inconstitucional» y provocaría multitud de recursos.
«No hay nada que prescriba en noviembre de 2016, porque no hubo una obligación», ha insistido, algo que el Ministerio de «Hacienda lo sabe, la Agencia Tributaria lo sabe».
De esta manera, para Alemany, la única vía para realizar la comprobación propuesta por el Congreso sería revisar las declaraciones de todos los contribuyentes del ejercicio 2010, lo que iría «en contra de la seguridad jurídica».
«No veo cómo puede haber una actuación de este tipo», ha añadido, «sería inconstitucional (…) y el Gobierno lo sabe», al tiempo que ha avanzado que en caso de realizarse esta revisión «habría muchos recursos» judiciales.