El pasado 1 de mayo entró en vigor una reforma clave en el ámbito laboral: la eliminación del despido automático por incapacidad permanente. Esta modificación legislativa, impulsada tras una sentencia del TJUE en 2024, obliga a las empresas a revisar sus protocolos de gestión de situaciones de incapacidad y a analizar la posible reubicación o readaptación del trabajador antes de proceder al cese.
Eva Hernández, Socia responsable del área de Derecho Laboral de Escalona & de Fuentes, señala, en una información publicada por Expansión, que esta reforma implica nuevas obligaciones inmediatas para los empleadores, tanto en materia de prevención de riesgos como en la planificación de recursos humanos. “Será esencial que las empresas revisen urgentemente sus protocolos de gestión de situaciones de incapacidad”, señala Eva Hernández.
¿Qué implica la reforma para las empresas?
- Nuevo plazo de actuación: el trabajador dispone de 10 días para solicitar la continuidad laboral tras la declaración de incapacidad. A partir de ahí, la empresa tiene 3 meses para estudiar su reubicación o readaptación.
- Carga administrativa adicional: se requiere la participación activa del área de Recursos Humanos y los servicios de prevención para evaluar posibilidades razonables de adaptación.
- Posibilidad de litigios: si no se cumplen todas las garantías legales, el despido podría ser considerado nulo por discriminación por discapacidad.
Según Eva Hernández, “se corre el riesgo de que cualquier decisión extintiva adoptada fuera del marco que establece la norma pueda ser nula por discriminación”.
Consecuencias para el cumplimiento legal
Este nuevo escenario exige una revisión inmediata del compliance laboral, especialmente en sectores donde las situaciones de incapacidad son más frecuentes o complejas. Las empresas deben prepararse para afrontar un aumento de litigiosidad laboral si no aplican correctamente los nuevos requisitos legales.
¿Qué puede hacer tu empresa?
Desde Escalona & de Fuentes Abogados, asesoramos a compañías en la adecuación de sus protocolos internos y en la gestión jurídica de situaciones de incapacidad laboral para evitar conflictos legales y proteger los derechos tanto de las empresas como de los trabajadores.