La reciente consulta pública previa al real decreto anunciada por el Gobierno para endurecer el registro horario ha generado un intenso debate jurídico y empresarial.
Nuestra Socia Eva Hernández, Responsable del área de Derecho Laboral de Escalona & de Fuentes, ha participado en este análisis en medios de referencia como Expansión y ABC.
En declaraciones a Expansión, Hernández advierte de que la medida “genera costes añadidos y operativos en el proceso de implantación. Precisará de una inversión, el impacto para pymes puede ser muy alto”, añadiendo, además, que plantea dudas en materia de protección de datos al prever un acceso directo e inmediato de la Inspección de Trabajo a los registros horarios de los empleados.
En este sentido, en ABC y La Voz de Cádiz explica que el Estatuto de los Trabajadores no contempla una habilitación expresa para esa interoperabilidad automática. Sin embargo, aclara que, si se articula adecuadamente en el reglamento, podría configurarse como una cesión de datos autorizada por ley. En caso contrario, cualquier modificación de la normativa de protección de datos debería pasar por el Congreso.
Con estas valoraciones, Eva Hernández advierte tanto de los riesgos económicos y organizativos, especialmente para las pymes, como de los retos legales en materia de protección de datos y seguridad jurídica.