La falta de concreción sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 vuelve a situar a empresas y autónomos en un escenario de incertidumbre jurídica y dificultad de planificación. Como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, el incremento se aprobará con carácter retroactivo, lo que impide conocer desde el inicio del año el coste laboral real.
En este contexto, Eva Hernández, Socia responsable del área de Derecho Laboral de Escalona & de Fuentes, ha analizado en Expansión las consecuencias prácticas de este retraso para el tejido empresarial, especialmente para pymes y autónomos con trabajadores a su cargo.
Según explica, la demora obliga a las empresas a regularizar diferencias salariales, recalcular cotizaciones a la Seguridad Social y ajustar las retenciones de IRPF, generando una carga administrativa y económica adicional que se suma a la falta de previsión presupuestaria.
Eva Hernández subraya que esta situación penaliza especialmente a las empresas con menos recursos, que deben asumir costes administrativos derivados de cambios normativos tardíos, aumentando el riesgo de errores en nóminas y posibles contingencias laborales y fiscales.
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