La reciente derogación del denominado decreto ómnibus ha generado un nuevo escenario de incertidumbre jurídica para las empresas, especialmente en relación con la gestión de nóminas y la aplicación de las cotizaciones sociales previstas para 2026.
Nuestra socia responsable del departamento de Derecho Laboral valora esta situación en una información publicada por Expansión. Concretamente, alerta de las consecuencias prácticas que la falta de definición normativa puede tener para las organizaciones. “Las empresas se quedan en una situación de cierta inseguridad jurídica”, señala y advierte de que esta indefinición transitoria puede provocar que haya que hacer ajustes a la espera de que se aprueben las medidas.
La no convalidación del real decreto ha dejado en suspenso cuestiones clave como el incremento del mecanismo de equidad intergeneracional, la actualización de la base máxima de cotización o la denominada cuota de solidaridad, elementos que inciden directamente en la confección de las nóminas y en la planificación de costes laborales.
Tal y como subraya la socia de Escalona & de Fuentes, la falta de previsibilidad normativa vuelve a trasladar la carga de la incertidumbre a las empresas y a los departamentos de recursos humanos, obligándoles a trabajar con escenarios provisionales y posibles regularizaciones posteriores.
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