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La reciente derogación del denominado decreto ómnibus ha generado un nuevo escenario de incertidumbre jurídica para las empresas, especialmente en relación con la gestión de nóminas y la aplicación de las cotizaciones sociales previstas para 2026. Nuestra socia responsable del departamento de Derecho Laboral valora esta situación en una información publicada por Expansión. Concretamente, alerta

La falta de concreción sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 vuelve a situar a empresas y autónomos en un escenario de incertidumbre jurídica y dificultad de planificación. Como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, el incremento se aprobará con carácter retroactivo, lo que impide conocer desde el inicio del año el

Cinco Días/El País Legal publica un artículo de nuestra abogada del Departamento de Derecho Público Ana Ruiz Legazpi en el que se analiza el impacto que ha tenido el expediente Electrificación y Electromecánicas Ferroviarias en la evolución del cumplimiento normativo en materia de competencia. El artículo aborda cómo la CNMC ha consolidado la práctica de

Escalona & de Fuentes ha participado en la ceremonia de entrega del XXXI Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, un acto que reunió a más de 500 personalidades del ámbito jurídico, institucional, académico y empresarial. En esta edición, la galardonada fue la profesora Paloma Biglino Campos, destacada jurista cuya trayectoria ha contribuido de manera

Siro Barro, Socio responsable del área de Derecho Fiscal de Escalona & de Fuentes, analiza en una información de Expansión uno de los mecanismos fiscales más eficientes y rentables para las empresas: la planificación fiscal a través de inversiones en I+D y cultura mediante Agrupaciones de Interés Económico (AIEs). Siro Barro explica que “es una

El Tribunal Supremo ha zanjado el debate sobre la posibilidad de incrementar judicialmente la indemnización por despido improcedente más allá de lo establecido por el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. El fallo ratifica que los 33 días por año trabajado constituyen una indemnización adecuada, sin que se vulneren ni el Convenio 158 de